Más de dos décadas de ocupación, miles de muertos y una retirada caótica no bastaron para evitar que el régimen talibán recuperara el control absoluto del país
Oriente Próximo El régimen talibán cumple cinco años en el poder entre el orden forzado y el colapso humanitario
25 años después de la invasión estadounidense que derrocó al régimen talibán en Afganistán tras los atentados del 11-S, la guerra contra el terror concluyó con el mismo grupo fundamentalista de vuelta al poder. La promesa de una retirada ordenada de las tropas estadounidenses se desvaneció entre imágenes de caos en el aeropuerto de Kabul, dando por terminada la guerra más larga de Washington, que dejó Afganistán al mando de los talibanes, con un control territorial que no habían logrado en décadas.
Tras ser expulsados del poder en 2001, los talibanes se reagruparon al otro lado de la frontera paquistaní y en menos de diez años lograron reorganizarse para lanzar continuas ofensivas contra las fuerzas extranjeras, reconquistando poco a poco territorio. Su avance coincidió con el repliegue de las fuerzas internacionales, dejando tras de sí una estela de preguntas incómodas sobre el verdadero coste de dos décadas de despliegue militar en este territorio. Más de 6.000 soldados y contratistas estadounidenses murieron en combate y ataques, junto a unos 1.000 efectivos de la OTAN y miles de talibanes y miembros de las fuerzas de seguridad locales. El fuego cruzado, pero especialmente los ataques talibanes, causaron más de 45.000 víctimas civiles.
Hoy, el régimen talibán ha impuesto una versión rigorista de la sharía, la ley islámica, parecida a su primer mandato en los años 90, a pesar de las promesas iniciales de apertura y de respeto a los derechos de las mujeres y minorías del país. El ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio ha resucitado, y con él han vuelto los azotes públicos, las ejecuciones y la vigilancia sobre cualquier conducta considerada contraria al islam. Las mujeres han sido las principales víctimas de esta involución, al ser apartadas casi totalmente del espacio público. No se les permite estudiar, se les ha restringido el acceso al mercado laboral y no pueden viajar sin el permiso o la compañía de un allegado hombre. Sus rostros y voces han desaparecido de las televisiones y radios, mientras el gobierno también ha limitado el acceso a internet. Amnistía Internacional ha documentado un aumento drástico de los arrestos por violar esta normativa, con represión de las protestas y persecución y desapariciones forzadas de activistas, en medio de un clima de miedo institucionalizado. Naciones Unidas ha calificado esta situación como un auténtico apartheid de género.
A este lastre se le añade una caída acelerada de la economía afgana, que se ha desmoronado con el peso del aislamiento y la suspensión de la ayuda internacional. Durante la ocupación estadounidense, el 75% del gasto público dependía de donaciones exteriores. Tras el regreso talibán, muchos países congelaron su financiación y la situación empeoró posteriormente con la decisión de la Administración de Donald Trump de suspender los programas de USAID, que atendía a 22 millones de personas en el país, casi la mitad de la población. Las recurrentes sequías, terremotos e inundaciones han agravado una situación que ya era muy crítica, a la que se suma el retorno forzado de cerca de seis millones de refugiados afganos desde Irán y Pakistán en los últimos tres años.
La sombra de Al Qaeda sigue siendo una lacra en el país. El asesinato de su líder, Auman al Zawahiri, en un ataque con drones estadounidenses en Kabul en 2022, puso de relieve la presencia de los combatientes en territorio afgano, a pesar de la insistencia talibán de que no permitiría al grupo operar en la zona. Una década antes, el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, anunció la muerte de Osama bin Laden en una operación en Pakistán en 2011, asegurando que se produciría un antes y un después en la guerra contra el terrorismo.
Pese a las múltiples denuncias por violaciones de los derechos humanos, el régimen talibán continúa abriéndose camino en el escenario internacional. En julio de 2025, Rusia se convirtió en el primer país en reconocer formalmente al régimen. India, sin dar ese paso, reabrió su embajada en Kabul e invirtió 3.000 millones de dólares en infraestructuras, lo que llevó a Pakistán a acusar a los talibanes de convertir el país en una "colonia india". Por su parte, Bruselas recibió este año una delegación del gobierno talibán, para discutir el retorno de solicitantes de asilo afganos, un movimiento que generó polémica debido a que Afganistán no se considera un país seguro para el retorno de migrantes.
Los intentos del régimen talibán por buscar legitimidad internacional y dar una imagen de estabilidad para atraer al turismo han quedado emborronados por los choques militares con Pakistán. Islamabad acusa al gobierno de albergar al grupo insurgente TTP, que ha llevado a cabo ataques en zonas fronterizas entre los dos países. La escalada provocó ataques de las fuerzas paquistaníes a principios de año, por lo que el ministerio de Defensa de Islamabad llegó a declarar "guerra abierta" contra Afganistán. Tras los combates, se declaró un frágil alto el fuego, que continúa vigente, pese a que siguen las tensiones.